Desde el 2013 unas 400 personas son obligadas a pagar cupos para no atentar contra sus vidas. A los empresarios les exigen 20 mil soles y a los bodegueros de 100 a 200 soles semanales. Ante la ola delincuencial, el gobierno acaba de enviar a 200 policías.
Óscar Chumpitaz C.
Enviado especial
La violencia y el crimen organizado están causando una presión extrema en la provincia limeña de Barranca.
"Vivo secuestrado en mi propia casa. No puedo salir a pasear, ni ir a la playa o a un restaurante con mi familia. Qué libertad podemos tener si la única libertad es la que tienen estos delincuentes que han puesto en zozobra a todo un pueblo pacífico", asegura el empresario Pascual Gonzales.
Como él al menos unas 400 personas han sufrido extorsión desde el 2013, otros han sido víctimas de secuestro o sus padres, hijos o familiares fueron asesinados tras negarse a pagar cupos.
Y es que un creciente y continuo número de empresarios, comerciantes y agricultores, víctimas de extorsiones y amenazas, llegan día a día a las dependencias policiales a solicitar apoyo o garantía para sus vidas. Hay quienes también viven bajo permanente amenazas de muerte. Todos, quizás, tienen poderosas razones para temer por su vida.
Para muchos de ellos no ha sido fácil y han optado por cerrar sus negocios. Unos se han endeudado, otros prefieren irse a vivir fuera de Lima debido al miedo. El comerciante Abelardo Díaz dice que tiene todo listo para salir de Barranca con su esposa y sus dos hijos y está dispuesto a no volver.
Para los especialistas, estos delitos son un reflejo de una sociedad cada vez más violenta que resuelve sus problemas con sangre.
existen 170 bandas
La Dirección de Investigación Criminal reconoce que algunas de las áreas más violentas se encuentran a lo largo de la costa peruana, con grupos delincuenciales involucrados en una variedad de delitos que van desde la extorsión y secuestro hasta el tráfico ilícito de droga y trata de personas.
El panorama de Piura, Trujillo, Chiclayo, Chimbote y el norte chico de Lima, donde ocurren estos crímenes, es similar al de Mala, Cañete, Chincha, Ica y Tacna.
Las autoridades no manejan información específica sobre el porcentaje de los casos de extorsión, secuestro o amenazas directas a la vida.
Sin embargo, la Dirección de Protección de Obras Civiles (Diproc) estima que en el país existen unos 170 'sindicatos' dedicados a cometer estos actos delictivos.
Ya no solo son importantes empresarios los que reciben llamadas en las que les exigen pagos a cambio de sus vidas; ahora hasta las autoridades son víctimas. Pero también los medianos, pequeños y microempresarios.
Sin duda, el crimen organizado ha crecido de manera alarmante en el norte y el surdel país. “Esa es la realidad de lo que está pasando”, dice un oficial de la Dirincri. "Estas bandas de extorsionadores se han expandido por todo el Perú", agrega.
Gabriel Alejandro Saldívar, sociólogo, catedrático y asesor de programas de seguridad, señala que el problema que suma a esta situación es el fácil acceso a las armas. "Si los conflictos entre personas terminan en homicidios, es en gran medida por el acceso a las armas. Reforzar las políticas de desarme es un tema fundamental", destaca.
4 muertos en 8 días
Solo en los primeros ocho días de este año ya han asesinado a cuatro personas.
El domingo 4 de enero eliminaron en Paramonga a los hermanos Miguel Ángel Guimaray Guayanay (26) y Eduardo Jesús Pérez Guayanay (30). Seis sicarios ingresaron a su precaria vivienda de la Mza. G, lote 12, de la calle Atusparia, y los acribillaron mientras dormían.
Según Daniela Díaz, pareja del primero, los asesinos tenían pistolas con silenciador. Para la policía el principal móvil del crimen sería una venganza o un ajuste de cuentas.
El 8 de enero también fue víctimado el taxista Rafael Lisandro Napurí Portilla (30), en la urbanización Las Palmeras, casi frente a la casa del ex alcalde Romel Ullilen, en Barranca. Los testigos aseguran que el hecho ocurrió al promediar las 9 de la noche, cuando Napurí estacionaba su vehículo en los alrededores del parque Tarapacá. Dos sujetos aparecieron en moto y le dispararon a quemarropa.
Otro joven fue victimado el 1 de enero en Pativilca. El comisario de Barranca, comandante David Villanueva, indicó que el año pasado se registraron 12 homicidios por sicariato, mientras que en el 2013 ocurrieron 36 muertes por esa modalidad.
crimen de un manager
Claudia Terrones, una mujer de 27 años, huyó de Pativilca el 12 de junio de 2013, después de atestiguar el asesinato a quemarropa de su amigo José Luis P.E., un organizador de eventos (manager) de 35 años que se rehusó a seguir pagando la cuota de extorsión a los miembros de una banda liderada por 'Wilson'.
“Veníamos en el taxi y de repente nos detuvieron dos sujetos”, cuenta. “Y así, enfrente de mí, le dispararon, le destrozaron la cara”. agrega. Dice, además que el asesino la vio y la amenazó con que le pasaría lo mismo si decía algo a la policía.
Para ella, que había sufrido una experiencia previa de asalto, esa amenaza fue suficiente para hacerla huir de Barranca.
amenazas son en serio
“Cuando te amenazan es en serio”, nos dice un empleado de la ferretería Anthony, cuyo propietario también ha sido víctima de los extorsionadores.
Los propietarios de la empresa de venta de repuestos Koky tuvieron que reunir 20 mil soles para evitar ser víctimas de atentados. No fue suficiente, a la segunda exigencia se negaron y les pusieron granadas y dinamita en la puerta de su negocio.
Apolonio Gavino declaró que tiene razones para temer por su vida y la de su familia.
Otro caso es el de Pascual Gonzales, un joven comerciante en cuya ferretería los delincuentes alcanzaron un punto extremo.
Él y su familia fueron amenazados de diferente manera. “Llegó un grupo de hombres armados y me dijeron que tenía que 'abonar' 20 mil soles. Yo le dije que no podía y me indicaron que lo iba a pagar con mi vida”. narra con temor.
no creen en nadie
Las amenazas y intimidaciones se han vuelto insostenibles. Los pequeños comerciantes son amenazados con que les van a quemar sus casas o secuestrar a sus hijos.
"Tienen que pagar 100 o 200 soles semanales para que los dejen tranquilos. Estos delincuentes no creen en nadie", señala Violeta Díaz, vendedora de abarrotes.
Ellos, sin embargo, enfrentan innumerables obstáculos. Entre otros aspectos, tienen que demostrar las extorsiones. "La policía y la fiscalía no se dan cuenta que aún si cambiamos de casa nuestras vidas están en peligro", sostiene la cosmetóloga Pierina Lavalle.
Las autoridades son incapaces y no tienen la voluntad de controlar a estos grupos criminales que nos amenazan y extorsionan, afirma en medio de la incertidumbre Gladys Cifuentes, dueña de una zapatería en el centro de Barranca.❧
Enviado especial
La violencia y el crimen organizado están causando una presión extrema en la provincia limeña de Barranca.
"Vivo secuestrado en mi propia casa. No puedo salir a pasear, ni ir a la playa o a un restaurante con mi familia. Qué libertad podemos tener si la única libertad es la que tienen estos delincuentes que han puesto en zozobra a todo un pueblo pacífico", asegura el empresario Pascual Gonzales.
Como él al menos unas 400 personas han sufrido extorsión desde el 2013, otros han sido víctimas de secuestro o sus padres, hijos o familiares fueron asesinados tras negarse a pagar cupos.
Y es que un creciente y continuo número de empresarios, comerciantes y agricultores, víctimas de extorsiones y amenazas, llegan día a día a las dependencias policiales a solicitar apoyo o garantía para sus vidas. Hay quienes también viven bajo permanente amenazas de muerte. Todos, quizás, tienen poderosas razones para temer por su vida.
Para muchos de ellos no ha sido fácil y han optado por cerrar sus negocios. Unos se han endeudado, otros prefieren irse a vivir fuera de Lima debido al miedo. El comerciante Abelardo Díaz dice que tiene todo listo para salir de Barranca con su esposa y sus dos hijos y está dispuesto a no volver.
Para los especialistas, estos delitos son un reflejo de una sociedad cada vez más violenta que resuelve sus problemas con sangre.
existen 170 bandas
La Dirección de Investigación Criminal reconoce que algunas de las áreas más violentas se encuentran a lo largo de la costa peruana, con grupos delincuenciales involucrados en una variedad de delitos que van desde la extorsión y secuestro hasta el tráfico ilícito de droga y trata de personas.
El panorama de Piura, Trujillo, Chiclayo, Chimbote y el norte chico de Lima, donde ocurren estos crímenes, es similar al de Mala, Cañete, Chincha, Ica y Tacna.
Las autoridades no manejan información específica sobre el porcentaje de los casos de extorsión, secuestro o amenazas directas a la vida.
Sin embargo, la Dirección de Protección de Obras Civiles (Diproc) estima que en el país existen unos 170 'sindicatos' dedicados a cometer estos actos delictivos.
Ya no solo son importantes empresarios los que reciben llamadas en las que les exigen pagos a cambio de sus vidas; ahora hasta las autoridades son víctimas. Pero también los medianos, pequeños y microempresarios.
Sin duda, el crimen organizado ha crecido de manera alarmante en el norte y el surdel país. “Esa es la realidad de lo que está pasando”, dice un oficial de la Dirincri. "Estas bandas de extorsionadores se han expandido por todo el Perú", agrega.
Gabriel Alejandro Saldívar, sociólogo, catedrático y asesor de programas de seguridad, señala que el problema que suma a esta situación es el fácil acceso a las armas. "Si los conflictos entre personas terminan en homicidios, es en gran medida por el acceso a las armas. Reforzar las políticas de desarme es un tema fundamental", destaca.
4 muertos en 8 días
Solo en los primeros ocho días de este año ya han asesinado a cuatro personas.
El domingo 4 de enero eliminaron en Paramonga a los hermanos Miguel Ángel Guimaray Guayanay (26) y Eduardo Jesús Pérez Guayanay (30). Seis sicarios ingresaron a su precaria vivienda de la Mza. G, lote 12, de la calle Atusparia, y los acribillaron mientras dormían.
Según Daniela Díaz, pareja del primero, los asesinos tenían pistolas con silenciador. Para la policía el principal móvil del crimen sería una venganza o un ajuste de cuentas.
El 8 de enero también fue víctimado el taxista Rafael Lisandro Napurí Portilla (30), en la urbanización Las Palmeras, casi frente a la casa del ex alcalde Romel Ullilen, en Barranca. Los testigos aseguran que el hecho ocurrió al promediar las 9 de la noche, cuando Napurí estacionaba su vehículo en los alrededores del parque Tarapacá. Dos sujetos aparecieron en moto y le dispararon a quemarropa.
Otro joven fue victimado el 1 de enero en Pativilca. El comisario de Barranca, comandante David Villanueva, indicó que el año pasado se registraron 12 homicidios por sicariato, mientras que en el 2013 ocurrieron 36 muertes por esa modalidad.
crimen de un manager
Claudia Terrones, una mujer de 27 años, huyó de Pativilca el 12 de junio de 2013, después de atestiguar el asesinato a quemarropa de su amigo José Luis P.E., un organizador de eventos (manager) de 35 años que se rehusó a seguir pagando la cuota de extorsión a los miembros de una banda liderada por 'Wilson'.
“Veníamos en el taxi y de repente nos detuvieron dos sujetos”, cuenta. “Y así, enfrente de mí, le dispararon, le destrozaron la cara”. agrega. Dice, además que el asesino la vio y la amenazó con que le pasaría lo mismo si decía algo a la policía.
Para ella, que había sufrido una experiencia previa de asalto, esa amenaza fue suficiente para hacerla huir de Barranca.
amenazas son en serio
“Cuando te amenazan es en serio”, nos dice un empleado de la ferretería Anthony, cuyo propietario también ha sido víctima de los extorsionadores.
Los propietarios de la empresa de venta de repuestos Koky tuvieron que reunir 20 mil soles para evitar ser víctimas de atentados. No fue suficiente, a la segunda exigencia se negaron y les pusieron granadas y dinamita en la puerta de su negocio.
Apolonio Gavino declaró que tiene razones para temer por su vida y la de su familia.
Otro caso es el de Pascual Gonzales, un joven comerciante en cuya ferretería los delincuentes alcanzaron un punto extremo.
Él y su familia fueron amenazados de diferente manera. “Llegó un grupo de hombres armados y me dijeron que tenía que 'abonar' 20 mil soles. Yo le dije que no podía y me indicaron que lo iba a pagar con mi vida”. narra con temor.
no creen en nadie
Las amenazas y intimidaciones se han vuelto insostenibles. Los pequeños comerciantes son amenazados con que les van a quemar sus casas o secuestrar a sus hijos.
"Tienen que pagar 100 o 200 soles semanales para que los dejen tranquilos. Estos delincuentes no creen en nadie", señala Violeta Díaz, vendedora de abarrotes.
Ellos, sin embargo, enfrentan innumerables obstáculos. Entre otros aspectos, tienen que demostrar las extorsiones. "La policía y la fiscalía no se dan cuenta que aún si cambiamos de casa nuestras vidas están en peligro", sostiene la cosmetóloga Pierina Lavalle.
Las autoridades son incapaces y no tienen la voluntad de controlar a estos grupos criminales que nos amenazan y extorsionan, afirma en medio de la incertidumbre Gladys Cifuentes, dueña de una zapatería en el centro de Barranca.❧
Acusado de dirigir cobro de cupos pide garantías personales
Óscar Chumpitaz C.
La Policía lo sindica no solo como uno de los principales extorsionadores de Barranca sino como líder de una banda que mató en el 2013 al empresario minero Richard Félix Flores y sus guardaespaldas Carlos Romero Ventura (35) y Raúl Mejía Pérez (36).
El ministro Daniel Urresti se refirió incluso a él en su visita a Barranca el viernes. "Ya sabemos quiénes son los cabecillas, los Wilson están con las horas contadas", afirmó en una ceremonia pública.
Se refería a Wilson Aníbal Cruz Galarreta, quien el 16 de diciembre del 2014 se presentó ante el gobernador de Pativilca para solicitar garantías para él y su familia.
Además denunció al comisario de Barranca, comandante David Villanueva Yana y al alcalde de Pativilca, Carlos Padua, de concertar un plan para matarlo.
Wilson Cruz no solo ha solicitado garantías para él, también para sus padres Flora Galarreta y Vicente Cruz, su conviviente Angélica Villanueva, su hija Dulce Geraldine y sus hermanos Artemio y Jeanpier.
Asimismo, para su cuñado Ángel Villanueva y la esposa de este, Roxana Agama, y los pequeños Ángel y Angely Zuriel, hijos de ambos. Igual para su cuñada Mariluz Villanueva y su esposo Elmer Reyes.
"Es increíble lo que pretende este sujeto. Está en todo su derecho de solicitar garantías, pero cómo se le ocurre acusarme de tratar de matarlo. Eso es algo inverosímil, inaudito", señaló mortificado.
Aseguró que, pese a todo, este sujeto es investigado por una serie de actos criminales en la provincia de Barranca.
La Policía lo sindica no solo como uno de los principales extorsionadores de Barranca sino como líder de una banda que mató en el 2013 al empresario minero Richard Félix Flores y sus guardaespaldas Carlos Romero Ventura (35) y Raúl Mejía Pérez (36).
El ministro Daniel Urresti se refirió incluso a él en su visita a Barranca el viernes. "Ya sabemos quiénes son los cabecillas, los Wilson están con las horas contadas", afirmó en una ceremonia pública.
Se refería a Wilson Aníbal Cruz Galarreta, quien el 16 de diciembre del 2014 se presentó ante el gobernador de Pativilca para solicitar garantías para él y su familia.
Además denunció al comisario de Barranca, comandante David Villanueva Yana y al alcalde de Pativilca, Carlos Padua, de concertar un plan para matarlo.
Wilson Cruz no solo ha solicitado garantías para él, también para sus padres Flora Galarreta y Vicente Cruz, su conviviente Angélica Villanueva, su hija Dulce Geraldine y sus hermanos Artemio y Jeanpier.
Asimismo, para su cuñado Ángel Villanueva y la esposa de este, Roxana Agama, y los pequeños Ángel y Angely Zuriel, hijos de ambos. Igual para su cuñada Mariluz Villanueva y su esposo Elmer Reyes.
"Es increíble lo que pretende este sujeto. Está en todo su derecho de solicitar garantías, pero cómo se le ocurre acusarme de tratar de matarlo. Eso es algo inverosímil, inaudito", señaló mortificado.
Aseguró que, pese a todo, este sujeto es investigado por una serie de actos criminales en la provincia de Barranca.
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