Oidor o juez

Raúl Chanamé Orbe

Decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL)

La Colonia nos legó un sistema judicial basado en el oidor, que ejercía justicia en nombre del rey; sus sentencias se ajustaban al interés de la corona. Cuando se instala la primera Corte Suprema fue nombrado vocal Manuel Lorenzo de Vidaurre (1773-1841) –un exoidor disidente–, por decreto del Libertador Simón Bolívar.

Ni el oidor virreinal ni el juez republicano fueron producto de un consenso social, sino simples personeros de un poder político unilateral. La Constitución de 1828 quiso superar esta dependencia, estableciendo un Poder Judicial simbólicamente independiente. La Carta Magna, además, dejaba abierta la posibilidad a la conciliación y a los jurados del pueblo; de ese impulso nacieron los jueces de paz a mediados del siglo XIX.

A pesar de los textos constitucionales, los jueces siguieron actuando como oidores, a tal extremo que hasta antes de la vigencia del Código Civil de 1852 se aplicaban las antiguas Leyes de Indias. Era una república nominal con normatividad colonial.

La estructura judicial careció de poder, fue dependiente del Ejecutivo y, a veces, del Legislativo. Primó Maquiavelo sobre Montesquieu. Tuvo más fuerza el decreto que el fallo. Se achaca la crisis de la magistratura a la designación politizada del juez vía el Senado (constituciones de 1933 y 1979); pasamos al nombramiento técnico vía el CNM. También se adujo el bajo nivel académico de los magistrados; creamos la Amag. Se incrementó la remuneración, se reclamó el bono, se demandó la homologación. Todo ello fue insuficiente. Así, si queremos superar la época del oidor, debemos hacer efectivo el mandato constitucional que impida politizar la judicatura –expresión extrema de la renuncia a su autonomía– para hacer que los fallos sean el resultado de un poder sin menoscabo, el lobby económico o la presión mediática. Desterremos al oidor servil y que emerja el juez íntegro que construya el Estado de Jure que la República merece.