Dios perdona el pecado, pero no el escándalo. Luego de la cuestionada dilatación de la convocatoria para el Contrato Administrativo de Servicios (CAS), el Gobierno Regional de Lima, por segunda vez, se encuentra en el ojo de la tormenta por este mismo proceso. Parece ser que en la última etapa hubo irregularidades para beneficiar a algunos postulantes.Una de ellas, por ejemplo, es la de Benigno Blanco Falcón, quien con número de expediente 267998 postulaba al cargo de chofer (plaza 463106001), pero simultáneamente lo hacía a otros tres cargos.
El segundo caso más sonado es el de Leidy Canales Díaz, que postuló a asistente administrativo, pero, a pesar de que tenía muchas observaciones –le faltaba copia de DNI, fotografía a color, formato con datos y documentación que acrediten sus estudios y trabajo?, clasificó al examen de conocimientos.
Estos casos violan el proceso. Entonces, la pregunta que salta a la vista es: ¿por qué la Comisión de Contratación consintió todo ello?
De igual forma, ha despertado bastantes suspicacias que, Alejandro Rodríguez Gamboa, exgerente de Rentas y también ex subgerente de Fiscalización Tributaria de la Municipalidad Provincial de Cañete, que gozó de la confianza de Javier Alvarado cuando era alcalde, haya sido contratado, cuando hubo profesionales mejores calificados que aquel.
“Estamos hablando de 10 quejas que solicitan la anulación del proceso; por consiguiente, estoy pidiendo la suspensión del mismo”, indicó el consejero Marcial Palomino.
De otro lado, llama la atención que más de 40 puestos hayan sido declarados desiertos, siendo muchos de ellos cargos de especialistas, los que son mejor remunerados que los de auxiliar administrativo o técnico. ¿Se convocará a nuevo concurso para estos o se están reservando para los militantes de Patria Joven que apoyaron en campaña a Javier Alvarado? El consejero Marcial Palomino también debería tener en cuenta estos casos, porque sería un engaño a los cientos de postulantes que confiaban en tener un trabajo en el Gobierno Regional.
ALGUITO MÁSLos perjudicados en el proceso de contratación exigen la anulación del mismo por las irregularidades que se habrían cometido, para favorecer aparentemente a un sector de los postulantes.
CIFRAS10 casos de presuntas irregularidades se han encontrado en el proceso CAS 2011.
Fuente: Diario Chaski
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